Pedro Lorente Romero JSC Sant Boi de Llobregat
La educación pública es un derecho fundamental que comienza a hacerse vigente en Europa a principios del siglo XIX, y que en España llega su concreción en 1857 a través de la aprobación de la Ley Moyano. Gracias a ello, se permite que todos y todas por igual tengamos acceso al aprendizaje y la cultura, independientemente de las condiciones socioeconómicas a las que nos atengamos.
Pero desde el siglo XIX, la sociedad ha vivido muchos cambios, y como no la educación también. Y es que la influencia de las nuevas tecnologías, ha llevado a la actividad docente a adaptarse al uso de nuevos dispositivos informáticos. La formación de cierta parte del profesorado y la disposición de herramientas informáticas en el aula para el alumnado, son algunas de la multitud de innovaciones que ha vivido la actividad pedagógica en los últimos años.
Los centros educativos han tenido que ir ajustándose a las circunstancias de manera progresiva pero ágil a la vez. No obstante, desde hace unas semanas, a causa del cierre de centros por la crisis del SARS-CoV-2, se ha pasado de una educación presencial a una pedagogía totalmente online. Ésta exige una disposición de herramientas informáticas al alumnado para el seguimiento del temario de clase.
En nuestro país, un 68% del alumnado de educación primaria y un 69% del alumnado de secundaria acude a centros públicos, donde el acceso a ordenadores puede quedar limitado. En el caso de las escuelas primarias, hay una media de 3 alumnos/as por cada ordenador, y en el caso de centros de secundaria de 2,7.
Tal y como se muestran los datos, parece que son insuficientes los recursos necesarios para que los y las estudiantes puedan adaptarse, de forma adecuada, a esta drástica variación que está viviendo la educación estos días.
Claro está, que, aunque los recursos públicos que se ponen a disposición de los alumnos y las alumnas sean insuficientes, las familias disponen de ordenadores en sus hogares para que los más jóvenes puedan hacer uso de ellos. ¿Pero todas las familias disponen de estos dispositivos?
Pues bien, se observa que en España desde 2011 hasta 2016 (años en los que estuvo en el Gobierno el Partido Popular), el número de personas en situación de pobreza y exclusión social no dejó de aumentar. Actualmente, nos encontramos que casi 1 de cada 3 niños y niñas siguen en riesgo de ello. De esta manera, parece razonable pensar, que no todas las familias disponen de los recursos necesarios para que los más jóvenes puedan desempeñar esta etapa estudiantil sin inconvenientes.
Ya en 2010, el Partido Socialista impulsó el plan de Escuela 2.0, que tenía como objetivo la modernización del sistema educativo haciendo una apuesta clara por las aulas digitales y por dotar de un ordenador portátil a cada alumno. Pero con la llegada al Gobierno del Partido Popular, el ministro de José Ignacio Wert decretó la cancelación del plan Escuela 2.0, sin este llegar a concluirse.
Si este proyecto se hubiera realizado por completo, podríamos hablar de un gran paso hacia la modernización de nuestra educación pública y hacia la equidad de recursos para los y las alumnos/as.
Todo indica a que la influencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza va a ir en aumento en los próximos años, y esto conllevará cambios en los métodos de docencia, en el uso de nuevos dispositivos, en formas de evaluar y en otros muchos aspectos. Para que ningún ni ninguna alumno/a de nuestro país se quede en condiciones de desigualdad, es necesario hacer un buen replanteamiento sobre la distribución de medios pedagógicos, como ya se intentó hacer en 2011.
Afrontar los retos que nos marca el futuro en la enseñanza es complejo. Pero si queremos una buena educación pública con igualdad de condiciones para todos y todas, es necesario tomar medidas, unas medidas con políticas sociales e igualitarias, que no generen aún más diferencias entre los jóvenes solo por el hecho de tener o no un ordenador portátil.
